Desde mayo pasado, cuando se decidió unificar la investigación de todos los casos, la fiscal Eve Flores recibió 106 denuncias sobre supuestos raptos de mujeres jóvenes en la calle. Sólo se archivaron 36.
Por Juan Federico
El 6 de mayo de 2009, luego de una escalada de denuncias sobre supuestos intentos de raptos de mujeres jóvenes en la vía pública, el fiscal General Darío Vezzaro ordenó que todos los casos de esta índole fueran derivados a la fiscalía Distrito 3 Turno 3, a cargo de Eve Flores, considerada una especialista en el delito de trata de personas.
La resolución no comprende los casos “puros” de trata de personas, debido a que es un delito federal, sino las denuncias en los que hay indicios de ataques a la intimidad o abusos sexuales. Desde que comenzó a regir la medida, ingresaron en el despacho de la fiscal 106 denuncias, algunas de las cuales habían sido hechas en 2008.
Todas las presentaciones refieren casos de mujeres abordadas en la calle con propósito o tentativa de abuso sexual o de privación ilegítima de la libertad. De estas denuncias judiciales, sólo el 30 por ciento fue desestimada.
“No necesariamente se archivaron por tratarse de mentiras; el 80 por ciento de las causas archivadas refiere episodios de mujeres que creyeron ver que alguien las seguía y corrieron a pedir a ayuda, pero no se pudo comprobar si ocurrió algún tipo de delito”, aclaró la fiscal Flores.
La mayoría de las denuncias continúa siendo investigada.
Dos casos fueron cursados a la Justicia Federal: la violación a una joven que en febrero pasado, cuando esperaba el ómnibus en la avenida Rafael Núñez, fue subida a un auto y llevada a un galpón; y el caso de una mujer sanjuanina que aseguró que fue raptada en su provincia y traída a Córdoba.
Con la Unidad de la Mujer. Todas las denuncias son receptadas en la Unidad Judicial de la Mujer y el Niño, que funciona en Rondeau 258, de Nueva Córdoba de la ciudad capital, la cual fue creada en 2004, cuando aún continuaba impune el violador serial Marcelo Sajen.
En aquel momento, la escalada de ataques del depravado puso en evidencia que las víctimas sufrían un doble daño, ya que cuando iban a la Policía por lo general tenían que relatar lo ocurrido ante un uniformado, que muchas veces la prejuzgaba con una sesgada mirada machista. El resultado: la víctima perdía confianza en la institución y evitaba dar más datos fundamentales para orientar la investigación. Ante esto, se creó la Unidad Judicial de la Mujer y el Niño, donde son mujeres las que se encargan de la contención de las víctimas. Les toman declaración testimonial, les hacen un abordaje psicológico y ordenan las pericias médicas, entre otras tareas.
Hoy, es en esa sede donde comienza la investigación de policías comisionados en estos casos. El nexo entre la fiscal y la mencionada Unidad son los ayudantes fiscales Mariana Pérez Villalobo y Pablo Tello.
“Allí hay personal policial y judicial especializado que atiende rápidamente a la víctima y que intenta determinar con prontitud la verosimilitud del relato, y si la denuncia es de carácter provincial o federal”, explicó la fiscal Flores.
“Delito más complejo”. Pérez Villalobo y la fiscal resaltaron que la trata de personas es un delito más complejo que el ataque sexual, por lo que es necesario que sea abordado por profesionales especializados.
“Sin investigación, no se puede afirmar si la víctima miente o no”, apuntó Flores para dejar en claro que, en estos casos, no ayudan para nada los prejuicios.
En 2004, la fiscal estuvo al frente de una investigación en contra de policías que explotaban prostíbulos, donde hacían trabajar a jóvenes paraguayas menores de edad e indocumentadas. Uno de los detenidos en esa causa era integrante de la división Protección de las Personas de la Policía cordobesa y fue acusado de alertar a los proxenetas cada vez que se ordenaban allanamientos.
En otras provincias del país, la Policía ya ha creado una división específica para investigar y abordar este tipo de delitos (la mayoría dirigidas por mujeres policías).
En Córdoba, sólo se ha instituido un área que depende de Protección de las Personas, pero que no cuenta con recursos independientes.
Para la fiscal Eve Flores, “es necesario y fundamental la creación de una División especial, que debe ser dirigida por una mujer profesional y experimentada”.
Consultada sobre si en la provincia continúan operando bandas dedicadas a este delito complejo, la funcionaria judicial concluyó que “Córdoba es un punto neurálgico en la ruta de la trata de personas”.
Para estar atentos. Muchos de los casos denunciados sobre intentos de raptos ocurrieron en inmediaciones de establecimientos educativos. Ante esto, la ayudante fiscal Mariana Pérez Villalobo resaltó que “es muy importante la colaboración de directivos, docentes y padres, para que estén alertas y que aconsejen a los chicos”.
“Sin entrar en pánico ni generar psicosis, deben estar bien informados para que puedan enseñarles a las chicas que no se conduzcan solas, que siempre anden en grupo y que ante cualquier sospecha no duden en gritar por ayuda”, aconsejó.
Dirección. Ante cualquier caso de este tipo, las víctimas y sus familiares deben acudir a la Unidad Judicial de la Mujer, que sólo recibe denuncias por delitos de índole sexual. Comparte edificio con la Casa de la Mujer en Rondeau 258, en la ciudad de Córdoba. Teléfono: 0-800-555-MUJER (68537).
Publicado en el diario La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, el domingo 8 de noviembre de 2009.



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