Por Juan Federico

Aunque en 2011 hubo casi el doble de investigaciones judiciales por trata de personas en las diferentes sedes judiciales del país con respecto a 2010 (196 causas abiertas hasta octubre del año pasado, mientras que en 2010 se registraron 100 expedientes), el último informe publicado por la Unidad Especial Fiscal Para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) alertó que los fiscales y jueces federales del país aún no comprendieron la necesidad de clausurar los prostíbulos allanados.

“Se necesita de funcionarios públicos que se convenzan de la importancia de una activa aplicación de esta ley instaurada para la eliminación del sistema prostibulario, en donde se explota sexualmente a mujeres; y no partiendo de sesgos moralizantes sino a partir de la comprobada circunstancia de que los prostíbulos y los proxenetas generan el terreno fértil a la esclavitud sexual de la mujer y consagran una práctica social discriminatoria que afecta sus derechos humanos”, se lee en la introducción del informe publicado en los últimos días.

¿Qué es la Ufase? La Ufase, que es liderada por el fiscal Marcelo Colombo, se creó después de la promulgación de la ley de trata de personas, firmada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en abril de 2008. El objetivo de este organismo es realizar un seguimiento intensivo de los comportamientos de las esferas judiciales de todo el país, analizando cómo se aplica esta ley y qué aspectos deben ser corregidos.

Entre la estadística recopilada, surge que la cantidad de causas iniciadas en toda la justicia Federal continúa siendo escasa.

Pese a que se han iniciado más investigaciones preliminares, el número de sentencias es bajo. En 2010 se dictaron 13 fallos, mientras que el año pasado fueron 39 en todo el país (una por explotación laboral y el resto por esclavitud sexual).

En el balance de 2011, la Ufase reiteró la necesidad de que sean clausurados los prostíbulos, remarcando que son los lugares donde se consuma el delito de trata de personas.

“Que no se asegure el cese del funcionamiento del lugar de explotación cuanto menos en la instancia de condena (hemos visto que en instancias anteriores es más difícil todavía) es un dato negativo desde todas las perspectivas de análisis posibles”, se apuntó en el documento.

“En primer lugar –continuó el reproche–, por más que alguien sea condenado, resulta un mensaje de impunidad de máxima potencia comunicativa; todos cuanto saben de la existencia de una causa judicial por determinado lugar de explotación podrían pensar ‘nada cambió’, y así, la idea de prevención general atribuida a la aplicación de la ley dejaría de tener sentido”.

Clausura definitiva. En esa línea argumentativa, la Ufase agregó que aunque el rescate de una víctima asegure que ésta ha dejado de ser explotada, si los prostíbulos permanecen abiertos, sin ser clausurados de manera definitiva, “los daños y padecimientos continúan sobre otros destinatarios, lo que destruye la idea de que la Justicia haga cesar el delito o de algún modo proteja a estas personas”.

“No se advierte una internalización por parte de los funcionarios acerca de la importancia de este asunto. Tampoco se ve incorporado como rutina de labor investigativa el hábito de realizar los actos procesales necesarios para la determinación de las ganancias del delito y el aseguramiento patrimonial del monto a decomisar”, criticó la Ufase.

Este reclamo no es nuevo. Ya en 2009, la Procuración General de la Nación, a cargo de Esteban Righi, había elaborado un instructivo para todos los fiscales y jueces federales del país, indicando cómo debían proceder al investigar esta clase de delito.

Entre otros puntos, la orden hizo hincapié en que los inmuebles donde son sometidas las mujeres (o sea, los prostíbulos, cabarés, whiskerías o las llamadas “casas de tolerancia”) debían ser interpretados como “instrumento” de la trata de personas, por lo que había que incautarlos y evitar así su reapertura, que en muchos casos en Córdoba es casi inmediata tras un allanamiento.

Complicidades. Como caso testigo, la Ufase remarcó la causa del local “Dloy’s” del barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Aunque la comisaría 38° nunca había informado sobre este negocio, al allanarlo en 2009 se descubrió que para el dueño trabajaban unas 30 mujeres y que su recaudación en los últimos cuatro años se estimó en 10 millones de pesos. Se le trabó un embargo por este monto.

“Este caso es institucionalmente relevante como ejemplo de que es posible asumir una estrategia procesal tendiente al recupero de activos provenientes del delito”, exhibió la Ufase. En ese sentido, también se apuntó que debía investigarse qué rol desempeñan los funcionarios (policías y gubernamentales) en torno al funcionamiento de estos locales.

Y se puso como ejemplo una causa iniciada en Córdoba. En uno de los pocos fallos dictados de 2008 hasta hoy, en noviembre de 2010, la Justicia Federal condenó a dos mujeres acusadas de explotar en un prostíbulo de Río Segundo a dos jóvenes (una menor de edad).

En el juicio, surgió que la Comisaría local “controlaba” el burdel, habilitando un libro donde figuraban las mujeres que allí eran prostituidas. Ante esto, la Ufase y el fiscal Carlos Gonella realizaron una presentación para que se profundice la investigación sobre esta complicidad policial.

Medios empleados

Víctimas. Según el análisis que realizó la Ufase sobre las causas juzgadas, en el 50 por ciento de los casos las mujeres estaban privadas de su libertad. En el 32 por ciento de los casos, se retenía la documentación de las víctimas, mientras que en el 44 por ciento de las causas se detectó que había víctimas “endeudadas” con los explotadores (las obligaban a prostituirse asegurando que debían plata por la comida, pasajes o la cama donde dormían, pese a que ellas no querían estar allí) o que no tenían la administración de sus ingresos. Lo que significa que las mujeres eran explotadas mediante distintas formas de coacción, y en muchos casos, con más de una metodología al mismo tiempo.

Problema de competencias (despiece)

La Ufase es clara en cuanto a que los casos de trata deben ser investigados en el ámbito de la Justicia Federal.

En el informe anual de la Ufase también se hizo referencia a los conflictos de competencia entre la Justicia Federal (que es la que debe investigar los casos de trata) y la provincial (sólo puede intervenir en causas conexas, pero si la sospecha apunta a trata, debe apartarse).

“La investigación debe quedar en manos de la Justicia Federal que tiene el deber de investigar la hipótesis de trata hasta que razonablemente pueda descartarse su aplicación; y de investigarla sustancialmente siguiendo aquellos parámetros fijados al respecto por las instrucciones generales emanadas por la Procuración General de la Nación. Esto es, escuchar a las víctimas una vez que hayan recibido debida asistencia y empoderamiento de sus situación; agotar todas las medidas de investigación tendientes a la acreditación de todos los tramos del proceso de trata, interpretar la situación de vulnerabilidad de las víctimas mayores de edad de acuerdo a parámetros normativos objetivos tales como el género, la pobreza y la especial situación del migrante, y profundizar las investigaciones tendientes a determinar la responsabilidad de funcionarios públicos”.

En los últimos tiempos, en Córdoba han existido diferentes causas que se iniciaron en el fuero provincial sobre explotación sexual, y al encontrar indicios de trata de personas fueron remitidas a la Justicia Federal. Sin embargo, de allí retornaron argumentando que no había elementos para aplicar esta figura, lo que terminó en empantanar estas investigaciones en los laberintos judiciales hasta que se defina a qué competencia corresponde.

En caso de ser juzgadas en el ámbito provincial, las figuras previstas (por ejemplo “facilitación de la prostitución”) prevé penas mucho más benévolas que la ley de trata.

Publicado en el diario La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, el domingo 8 de enero de 2012.