Cámara Federal pide sancionar a policías


Al confirmarlas imputaciones contra dos efectivos, se hizo hincapié en que no sufrieron reprimenda. Incluso, uno fue ascendido.

Por Juan Federico

Al confirmar en las últimas horas el procesamiento contra los policías sospechados de haber realizado tareas de espionaje ilegal en Jefatura, la Cámara Federal de Apelaciones señaló, también, que era necesario que desde la Policía se ejerciera “potestad disciplinaria” contra los procesados.

Pese a que ambos hace cuatro años y medio que están imputados por este caso que se ventila en la Justicia federal, y que fueron procesados el 17 de marzo último por el Juzgado Federal Nº 3, jamás recibieron ninguna sanción administrativa dentro de la fuerza.

Incluso, uno de ellos, el comisario mayor Ariel Ávila, fue ascendido de rango durante ese tiempo, aunque tenía un expediente judicial abierto en su contra. Quedó a cargo de un área clave, Delitos Complejos, que tiene, entre otras tareas de inteligencia, la facultad para investigar a partir del rastreo de las llamadas telefónicas.

En tanto, el otro procesado, el suboficial mayor Rubén Adrián López, tras el escándalo por el presunto espionaje ilegal, que incluyó un sonado allanamiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Jefatura, el 26 de noviembre de 2009 (el jefe de la fuerza era Alejo Paredes), pasó a Explosivos.

Recién luego de que La Voz del Interior publicara los pormenores del caso el domingo 11 de mayo último, cuando se develó la trama aún oculta (en la investigación judicial nunca se puso el foco en para quién ni para qué se realizó esta supuesta maniobra delictiva), ambos policías fueron licenciados.

Esto, en la práctica, significa que dejaron de trabajar, pero no tuvieron ninguna baja salarial ni el impedimento de portar el arma reglamentaria.

López, además, fue pasado a situación pasiva (cobra sólo el 30 por ciento del sueldo y no puede llevar la pistola) el 2 de junio, cuando este diario reveló que cobraba una insólita cantidad de servicios adicionales (durante 16 días hábiles, realizaba turnos de 12 horas diarias). Este caso supuso, también, una investigación interna para intentar establecer quiénes fueron los jefes que autorizaron esta anormalidad, según señaló en esa oportunidad el jefe de la Policía, comisario general Julio César Suárez.

En tanto, desde el Tribunal de Conducta Policial se respondió en todas las oportunidades que tanto Ávila como López no habían recibido sanción administrativa por la causa del espionaje, ya que jamás desde la Justicia federal se les remitió copia de las actuaciones.

Ahora, al confirmar el procesamiento por el delito de “falsedad ideológica” contra Ávila y López, la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por Ignacio María Vélez Funes, Luis Roberto Rueda y José Vicente Muscará, apuntó en uno de los párrafos: “Hacer saber lo decidido al señor jefe de la Policía y al presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, en tanto los hechos descriptos y no imputables penalmente podrían resultar graves faltas administrativas por los cuales correspondería ejercer potestad disciplinaria, dejando a su disposición copias de las presentes actuaciones para su conocimiento y efectos”.

Cuatro años y medio atrás

La causa contra ambos policías comenzó a ventilarse en noviembre de 2009, luego de una denuncia anónima que llegó a la Fiscalía Federal Nº 3, a cargo de Graciela López de Filoñuk. Ávila y López revestían en ese entonces en la División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones (Daic). Se los acusó de adulterar oficios y falsificar otros para espiar de manera ilegal los llamados de personas y empresas, a través de las sábanas telefónicas.

En este punto, cabe aclarar que los policías no pueden intervenir teléfonos de manera directa, potestad que sólo tiene la Secretaría de Inteligencia del Estado (ex-Side).Ante esto, se han especializado en realizar seguimientos a partir de sábanas telefónicas, en las que figuran todas las comunicaciones entrantes y salientes, además de las antenas que las captaron.

De esta manera, se pueden establecer cuáles son los contactos más frecuentes de la persona investigada, además de rastrear, a partir de las antenas, sus movimientos.

Según se lee en el procesamiento dictado por el Juzgado Federal N° 3, Ávila y López habrían enviado por fax 48 pedidos de informes sobre personas o números a las empresas telefónicas, al parecer mintiendo que tenían oficios judiciales que los respaldaban.

Además, figuran en la causa 14 hechos en que los policías enviaban por fax falsas copias de oficios judiciales que en realidad no existían.Según la hipótesis judicial, buscaban hacerse de sábanas telefónicas de particulares y de empresas que no eran investigadas formalmente.

La fiscal López de Filoñuk también los había imputado del supuesto delito de “falsificación de instrumento público”, pero fueron sobreseídos porque el juez consideró que no intervenían sobre ningún oficio, sino que los creaban ellos de manera apócrifa.

La resolución fue apelada, en ese momento, tanto por la fiscal como por los abogados defensores de Ávila y López, Justiniano Martínez y Martín Cafure.Ayer, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó en un todo el procesamiento ordenado por Sánchez Freytes y desestimó las apelaciones.

No obstante, hizo notar en el fallo que, si bien crear oficios “truchos” no calificaba como un delito penal, sí podía ser tenido en cuenta para una sanción administrativa dentro de la fuerza.

Publicado en el diario La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, el viernes 27 de junio de 2014.

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